El Tribunal Supremo ha anulado la primera ordenanza de la Zona de bajas Emisiones (ZBE) que el Ayuntamiento de Barcelona empezó a aplicar a principios de 2022.

Esta primera ordenanza de la ZBE ya fue también, previamente, anulada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya después de que Transcalit, junto a otras entidades, interpusiera un recurso Contencioso Administrativo contra esta normativa por considerar que se había redactado y aplicado sin el consenso previo con el sector (empresas de transporte y cargadores).

Es decir, que el Tribunal Supremo ha dado la razón a Transcalit y ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya y la AMB interpusieron contra la primera sentencia del TSJC.

Ambas sentencias únicamente anulan la primera ordenanza de la ZBE, motivo por el cual la segunda ordenanza municipal de la ZBE (que modificó a la primera) sigue aplicándose ya que entró en vigor en febrero de este año. Esta segunda normativa sí que se negoció y consensuó con el sector e incluyó buena parte de las peticiones propuestas por el sector empresarial y productivo.

Por todo ello, la ordenanza de la ZBE de Barcelona se aplica a todos los vehículos de transporte, aunque gracias al trabajo de Transcalit se consiguió:

• Ampliar la lista de vehículos exentos que pueden circular, aunque no dispongan de etiqueta medioambiental),
• Ampliar a 24 por año el número de autorizaciones para uso ocasional de los vehículos,
• Que los profesionales cercanos a la edad de jubilación puedan circular por la ZBE,
• Que los vehículos sujetos a sustitución puedan circular hasta la entrega del nuevo,
• Acceso a la ZBE de los vehículos que prestan servicio en actividades singulares o eventos en la vía pública.

Para todos los vehículos contaminantes sin etiqueta ambiental que no puedan acogerse a ninguno de los anteriores supuestos se mantiene la restricción de circulación en días laborables, de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 20.00 horas.

De todas formas, Transcalit, junto al Gremi de Transport i Maquinaria de la Construcció, a la Asocición General de Autónomos Pimes Transportistas de Cataluña (AGTC), la Asociación de Trasportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL) y Transprime–Spanish Shippers Council, estamos trabajando para exigir que el Ayuntamiento de Barcelona repare los daños causados a las empresas productoras, logísticas y de transporte mediante la devolución inmediata y de oficio de todas las sanciones impuestas y pagadas antes de febrero de 2023. Desde Trasnscalit y estas entidades vamos a promover cuantas acciones sean necesarias para conseguir que el Ayuntamiento de Barcelona asuma su responsabilidad por los daños y perjuicios causados por la aplicación de la primera Ordenanza de la ZBE, declarada nula por los Tribunales.