En este artículo sobre cómo la ZBE ha afectado y está afectando al sector del transporte de mercancías contamos con el punto de vista de Joan García Codina, de la empresa de grúas AT Salvador y miembro de la Asociación Catalana de Grúas y Transportes Especiales de Transcalit.

La entrada en vigor de la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona está afectando a todo el sector del trasporte terrestre de mercancías, pero el colectivo de las grúas se ha visto especialmente perjudicado por las características de estos vehículos, así como por la idiosincrasia de los profesionales que trabajan con este tipo de vehículos.

El contexto de la ZBE

La ZBE Rondas de Barcelona es un área de más de 95 km2 que incluye Barcelona y los municipios circundantes a las rondas, donde, desde diciembre de 2019, se restringe progresivamente la circulación de vehículos más contaminantes. Ésta es una de las medidas municipales para velar por la calidad del aire y garantizar el derecho a la salud dentro de la ciudad.

Se trata de reducir el uso de vehículos más contaminantes, afectando tanto a particulares como a profesionales dedicados al transporte de mercancías. Engloba todo el término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca industrial y los barrios de Vallvidrera, el Tibidabo y las Planes), los municipios de Sant Adrià de Besòs y Hospitalet de Llobregat y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

Desde el 1 de enero de 2022 está en vigor la ampliación de la prohibición permanente de circulación dentro de la ZBE Rondas de Barcelona a camiones (N2, N3) y pequeños autocares (M2) que no les corresponda distintivo ambiental de la DGT.

El horario en el que está prohibido circular es de 7.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

Antecedentes: el acuerdo de Transcalit con la Administración

A mediados de diciembre, Transcalit, junto con otras asociaciones del sector, cerró un acuerdo de compromisos sobre la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) con las administraciones encargadas de su regulación, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat de Catalunya.

Transcalit consensuó con las administraciones una prolongación del acceso de vehículos sin el distintivo ambiental a la ZBE de seis meses para aquellos transportistas que firmaran una declaración responsable de voluntad de compra de un nuevo vehículo, de primera o segunda mano. Con la presentación de este justificante era posible circular en la ZBE hasta el 30 de junio de 2022.

Posteriormente a esta fecha, se podrá presentar o bien una declaración de compra de vehículo nuevo o de segunda mano. Asimismo, también se puede solicitar autorización de entrada para realizar actividades singulares que tendrá una duración mínima de 30 días.

En el documento firmado, también se establecían medidas específicas para el 64% de los vehículos sin etiqueta ambiental que circula actualmente menos de diez veces al año. Para estos casos, los transportistas acordaron facilitar los 10 días de autorizaciones para que sea posible que la solicitud y aprobación de su entrada en la ZBE se gestione incluso 48 horas más tarde del acceso. De la misma manera, pero con accesos de periodos mínimos de 30 días naturales, se facilita la vía de autorización a la circulación de vehículos de actividades singulares, como mudanzas, obras, escombros, ferias, mercados, transporte de contenedores o grúas, entre otros.

En cuanto a otras reclamaciones defendidas con anterioridad por Transcalit, como el establecimiento de un calendario de reuniones mensuales entre las partes interesadas, las exenciones para autónomos de más de 60 años, o el establecer un canal de comunicación específico para las asociaciones con tal de facilitar las autorizaciones y exenciones para tramitar las solicitudes de manera más ágil, el acuerdo recoge la creación de una mesa de trabajo que establezca un diálogo permanente entre los transportistas y las administraciones. Pero, según parece, no se ha avanzado demasiado en estas líneas de trabajo.

Las dificultades del sector en general para cumplir con lo exigido en la ZBE

Joan García comenta que las empresas de transporte de mercancías se vieron especialmente afectadas por la crisis que ganó fuerza a partir de 2010; “se generó una caída muy fuerte de los precios y los transportistas trabajaban por debajo de los precios de coste y alargando la vida de los vehículos”.

Además, “la crisis conllevó una reducción de la facturación en muchas empresas de hasta el 30% y el 40% con respecto a 2006, con lo cual, se acostumbraron a tener el vehículo parado y vivir con lo poco que facturaban”. Este bajo índice de ingresos “hizo que muchos transportistas no pudieran ahorrar para, más adelante, invertir en la renovación del camión”. Joan García añade que, actualmente, con la nueva crisis a nivel internacional y los elevados costes, especialmente del combustible, “esta situación continúa produciéndose porque seguimos facturando entre un 25% y un 30% menos que en 2006”.

Grúas, un colectivo más afectado por la ZBE

En lo que concierne al sector de las grúas, Joan García explica que la ZBE ha afectado considerablemente a los autónomos, porque son el colectivo que más abunda en este tipo de actividad.

“Si un vehículo vale unos 200.000 euros, en el caso de las grúas este importe es mucho mayor porque la tractora más el montaje y la grúa superan esta cantidad”. Es decir, que, si un autónomo tiene que renovar la grúa, “hay que desembolsar mucho más dinero”.

Quizás las empresas con más envergadura si que pueden estar en condiciones de ir renovando algunos vehículos, “aunque sólo sea el 10% de la flota anualmente porque lo que si es totalmente imposibles es cambiar el 80% de la flota en, por ejemplo, dos años, que es el período de plazo que la Administración dio al sector antes de implementar la ZBE.

Además, actualmente los vehículos cuestan bastante más que en 2006 y empresas y autónomos no tienen dinero para renovar sus camiones.

Por otro lado, Joan García también explica que muchos trasportistas adquirieron vehículos de segunda mano por ser las grúas “un tipo de camión que no realiza muchos kilómetros ni en ciudades ni en carretera”. A modo de ejemplo, un camión puede tener 18 años, sin llegar a hacer nunca los 200.000 kilómetros.

Según Joan García, otro problema que actualmente existe es que, “aunque quieras comprarte un camión nuevo, el fabricante no te lo entrega hasta al cabo de un año o año y medio, como muy pronto”.

Y, en el caso de la grúas, que incluso pueden tener un coste de 600.000 euros, puede ocurrir que, si es de segunda mano, en unos cuatro o cinco años, te prohíban circular por la ZBE por tener el vehículo más de diez años. Esta es una inversión imposible de amortizar”.

¿Qué se pide a la Administración para los profesionales de las grúas?

Explica Joan García que, antes de que se aprobara la ordenanza de la ZBE, y durante el período de negociaciones, “desde Transcalit ya se trasladó al Ayuntamiento los problemas con los que nos íbamos a encontrar en el sector de las grúas”. Se trata de vehículos singulares “que no circulan ni hacen rutas de reparto por la ciudad”; simplemente se desplazan hasta el punto en donde van a trabajar, descargan la grúa y luego retornan a la base.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona “se nos dijo que estudiarían exceptuar a estos vehículos (camiones grúa) del cumplimiento de la ZBE”, señala Joan García. Además, en posteriores negociaciones se llegó a un acuerdo en este sentido, pero, de momento “el Ayuntamiento todavía no lo ha cumplido”.

Otra reivindicación está relacionada con la edad de los conductores. “Hay muchos profesionales que trabajan con camiones grúa que tienen 60 años o más; pensamos que no se les puede obligar a comprarse un nuevo camión grúa –que tiene un coste elevado– para sólo trabajar un par o tres de años; es totalmente absurdo e injusto y deberían entrar en las excepciones”.

Posibles soluciones

Las asociaciones del sector del trasporte llevan tiempo hablando con el Ayuntamiento y el resto de las administraciones e intentando pactar soluciones, pero “no nos acaban dando respuesta y el tiempo se nos hecha encima, dado que el 30 de junio se acaba el plazo”, señala Joan García.

A partir de esta fecha, sin un vehículo nuevo o bien con una declaración responsable de adquisición de un camión nuevo o de segunda mano menos contaminante, muchos transportistas, tanto de grúas como de transporte de mercancías, no podrán entrar ni circular por la ZBE de Barcelona.

Añade Joan García que “si lo único que nos pueden ofrecer es esto, una moratoria de año o año y medio presentando un aval de intención de compra de un vehículo, y no aceptan exceptuar del cumplimiento de la ordenanza a trasportistas mayores de 60 años y a vehículos singulares como las grúas, tendremos que plantearnos cómo vamos a seguir negociando para poder encontrar soluciones definitivas a nuestras reivindicaciones”.

Por otro lado, dado que la ordenanza está anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, entendemos que hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo que dé respuesta al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, la normativa tampoco se puede modificar”.

Para terminar, Joan García quiere hacer hincapié en que “desde Transcalit nos esforzamos y estamos a favor de que el transporte de mercancías sea más sostenible, sobre todo en el área de Barcelona”. Por ello, “no nos negamos a cumplir con la ordenanza de la ZBE, pero sí que nos cuesta entender el por qué la Administración se niega a aceptar ciertas excepciones que son totalmente razonables y que, de implantarse, afectarían de forma muy negativa a una pequeña parte del colectivo de transportistas”. También hay que hacer hincapié en que “el sector no ha recibido, por parte de ninguna Administración, ayudas económicas para realizar esta reconversión que se le exige, ni tampoco han sido homologados sistemas de filtros y/o catalizadores para la adaptación de vehículos.”

La sentencia que anuló la ZBE, aunque la ordenanza sigue vigente

El 21 de marzo de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Esta sentencia considera que la ordenanza municipal contiene deficiencias en su elaboración, hay una falta de informes que avalen algunas restricciones, existe un exceso en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos, entre otros.

La sentencia da la razón al recurso presentado por la Federación TRANSCALIT junto con diversas entidades como el Gremio del Transporte y Maquinaria de la Construcción de Cataluña, AGTC, Astac Condal, Transprime Spanish Shippers' Council, la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (AUDICA), la Federación empresarial catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV), la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, y el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Automóviles de Barcelona.

Según el tribunal, no se realiza un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y la competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica la disposición a los destinatarios, así como las cargas administrativas que supone. Además, el Tribunal considera que las memorias e informes utilizados para defender la puesta en marcha de la ZBE están basados en datos no actualizados, lo que obliga a anularla.

La sentencia considera que el distintivo ambiental de la DGT para descartar a los vehículos que pueden circular por dentro de la ZBE es un sistema rígido y no propone un sistema alternativo para que los vehículos obtengan o progresen en el distintivo ambiental. También cree que el hecho de no disponer de una alternativa implica que los afectados deben renovar el vehículo para poder circular por la ZBE en días y horas laborales y, en muchos casos, los afectados no tienen capacidad económica para renovar los vehículos.

Por tanto, según los jueces, la ordenanza incide especialmente en los titulares y colectivos profesionales con menor capacidad económica para renovar sus vehículos, como los autónomos, microempresas o pymes.

Posteriormente a esta sentencia, que no es firme y que el TSJC no ha ejecutado de forma provisional de momento, el Ayuntamiento de Barcelona, la AMB y la Generalitat presentaron a principios de mayo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJC de anular la ordenanza de la ZBE (la sentencia puede alargarse más de seis meses). Y, por este motivo las medidas siguen siendo válidas y la normativa aplicada en la ZBE sigue estando vigente.